MÁS DE 5000 CASOS DE VALVULOPATÍA E HIPERTENSIÓN PULMONAR GENERADOS POR LA INGESTA DE UN ADELGAZANTE

Arranca, diez años después, el juicio contra la farmacéutica que vendió hace diez años una pastilla para la diabetes que se recetaba como adelgazante
Francia comenzó a juzgar este lunes, con una década de retraso, «el escándalo Mediator», que se cobró más de 2.000 muertes y afectó a otras 5.000 víctimas a finales del siglo XX y principios del XXI, con la difusión masiva de un medicamento que debía tratar la diabetes y se vendía con éxito millonario como «píldora para adelgazar, cortando el apetito».
En total, 376 abogados representan a las familias de las más de 5.000 víctimas. Van a ser juzgados 25 personas, entre las que se encuentran los directivos políticos y médicos de la Agencia Nacional de Seguridad del Medicamento y los Productos de Sanidad (ANSM), 9 personas jurídicas y 12 personas físicas, comenzando por responsables de la empresa farmacéutica Servier.
El fundador y propietario de los laboratorios y la empresa que producía y distribuía el Mediator, Jacques Servier, falleció en el año 2014, cuando seguía «forcejeando» para intentar evitar el proceso, ofreciendo indemnizaciones a unas 3.000 víctimas, a cambio de un montante millonario. Esas indemnizaciones, parciales, intentaban «zanjar» y «cortar» la proliferación del escándalo, cuya instrucción judicial ha seguido su curso, de manera lenta pero finalmente implacable.
Durante más de seis meses, el proceso deberá juzgar delitos y presuntos delitos de engaño, fraude, tráfico de influencias, lesiones y homicidios.
Desde 1976
Mediator (benfluorex, vendido en forma de pastillas para adelgazar y tratar el sobrepeso en pacientes con diabetes) comenzó a distribuirse en Francia, Europa y otros continentes a partir de 1976. En su origen primero, había sido concebido y utilizado para tratar la diabetes. Pero pronto comenzó a ser utilizado para adelgazar. Médicos franceses, autores de reputados manuales para perder peso, recetaron Mediator, contribuyendo a su difusión comercial y a su popularidad asesina. Entre los efectos secundarios que provocó la ingesta de este fármaco se denuncian graves valvulopatías e hipertensión arterial pulmonar.
Bélgica decidió retirarlo del mercado en 1978. Suiza lo hizo en 1997. España, en 2003. Francia no lo prohibió hasta 2009, cuando estalló el caso que comienza a juzgarse diez años más tarde.
Durante toda una década, los familiares de muertos y víctimas han intentado conseguir que se haga justicia, con una sucesión de querellas contra los laboratorios, contra el propietario de los laboratorios (Jacques Servier), inculpado por posibles delitos de homicidio y homicidio involuntario, antes de morir en el año 2014. La sucesión de procesos parciales, inconclusos, solo fue el prólogo del macroproceso que comenzó el lunes. En resumen, tras una larga década de contenciosos judiciales, los 376 abogados de las partes querellantes deberán confirmar y precisar sus denuncias de una complejidad sin precedentes: deberán estudiarse entre 3.100 y 4.200 ingresos hospitalarios, entre 1.700 y 2.350 hospitalizaciones que provocaron trastornos devastadores, entre 1.500 y 2.100 personas, más de 5.000 víctimas de diversa naturaleza.
Fallecido el fundador y propietario de los laboratorios que producían Mediator, una decena de dirigentes de la empresa serán juzgados. Ese será el capítulo empresarial del escándalo. Ellos deberán responder de sus relaciones profesionales con todos los sectores médicos, farmacéuticos y comerciales implicados en el escándalo, directa o indirectamente.
Complicidad política
Quizá más grave, en el fondo, sea el proceso de la burocracia médica y farmacéutica nacional. La Agencia Nacional de Seguridad del Medicamento y los Productos de Sanidad (ANSM) será juzgada por presuntas negligencias y/o complicidades de diversa naturaleza relacionada con estafas, tráficos de influencias, heridas, homicidios involuntarios y homicidios. Proceso sombrío e inquietante: una institución pública, responsable de la sanidad nacional, implicada en una tragedia colosal. Además, el caso saltará a la política, tratando de destapar las eventuales complicidades entre algunos políticos (como la antigua senadora Marie-Thérèse Hermange) y los cuadros técnicos y comerciales de la empresa culpable.
El macroproceso se prolongará hasta finales de la primavera del 2020.

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